La batalla por la educacion publica en Argentina

Se cumplen apenas los primeros 100 días del gobierno mileista y la sentencia, denunciada por las universidades públicas apenas inició la cursada, empieza a cumplirse. Los fondos otorgados a las universidades alcanzan –a duras penas– para mantener sus puertas abiertas hasta mayo.

En un marco inflacionario que se acerca al 300% interanual, a las universidades les es otorgado exactamente el mismo presupuesto del 2023, un presupuesto que ya era insuficiente después de que entre el 2021 y el 2023 el congreso no aprobara las actualizaciones solicitadas por el gobierno anterior.

La impresionante marcha que se vio el 23 de abril parece haber logrado traducir el malestar y la movilización dispersa en un mensaje articulador: la desfinanciación de la educación superior pública es un costo inaceptable para la Argentina.

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Pero a ciencia cierta ¿Qué dicen los números?

  • El presupuesto de este año para el Desarrollo de la Educación Superior es, en términos monetarios, exactamente el mismo de inicios del 2023. Con una inflación interanual rondando el 280% (a fines de marzo) las universidades nacionales se enfrentan a una reducción presupuestaria del 70% en términos reales en relación a lo asignado para el año pasado.
  • Para agravar la situación, en lo que va del año el gobierno ha invertido aún menos de lo que se aprobó en el presupuesto nacional. Por inoperancia o por negligencia en el primer trimestre se ejecutó un 32.9% menos de lo asignado, por lo que el gasto en Educación Superior significó tan solo un 3.5% del presupuesto nacional
  • En cuestiones prácticas esta disminución se trasladó en un 32% menos para los salarios de docentes y autoridades, un 28% menos en los salarios del personal no docente y un 60% menos en los gastos de funcionamiento (servicios, tecnología, mantenimiento edilicio, refacciones, insumos, etc.)
  • Por su parte, el ministerio de Capital Humano sí hizo una propuesta para intentar acordar con las universidades: aumentar en un 70% únicamente el presupuesto de gastos de funcionamiento. Sin embargo, omitió reconocer que este item solo ronda el 10% del total del presupuesto universitario, por lo que en términos globales la oferta representa tan solo un 2% del total de los gastoso de la educación superior. El otro 90% que al gobierno le parece ajustable son los salarios de los trabajadores de la universidad.
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Fuente: ACIJ, en base a datos de Presupuesto Abierto y Ministerio de Economía

Hacer de la universidad pública el enemigo

El gobierno está teniendo que hacer malabares para sostener su postura en contra de las universidades nacionales. En contra de su apuesta, el proceso logró avivar el malestar generalizado de su queridísima clase media y ubicar al radicalismo, uno de sus aliados más fuertes para aprobar la Ley de Bases y su paquete fiscal, en la oposición. La masividad de la marcha, el rechazo generalizado -incluso en los medios de comunicación afines al gobierno- y el despliegue creativo de la ciudadanía en las calles, parece consolidar la Universidad como emblema nacional, estandarte transgeneracional, sello identitario.

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La batalla de los libertarios, en todo caso, no es contra la institucionalidad educativa en general, sino contra aquella que se declara gratuita, de puertas abiertas, con programas de accesibilidad, sin restricciones ni discriminación. Los libertarios disfrutan el prestigio que lesda la universidad, anhelan la reafirmación de sus ideas y respetan la tecnocracia neoliberal. No hace falta haber leído a Bourdieu para saber que un prestigio intelectual bien usado puede ser tan valioso cómo una pequeña fortuna heredada. No en vano insisten en que Milei es un PhD por haber recibido un honoris causa de una universidad de dudosa procedencia.

Su batalla es con esa particularidad que hace sobresalir a la Argentina en la comunidad internacional, ese modelo específico que la hace tan especial: la universidad de los trabajadores. Porque la idea de una educación superior pública, gratuita y de acceso irrestricto contraria el corazón del dogma libertario comprometido con sujetar todas las acciones humanas a las lógicas del mercado, la ganancia individual y la concentración del poder a pocas manos. La Universidad Pública defiende que quienes tienen como única propiedad su fuerza de trabajo tienen derecho a recibir exactamente la misma educación de lujo de quien nació en cuna de oro y con un proyecto de vida resuelto.

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De ahí que la escojan como rival de primera línea. No es este ni siquiera el primer ataque del gobierno de turno a la educación superior. Antes de cumplir los 3 meses ya había frenado la apertura de 5 universidades públicas cuya creación había sido aprobada en el Congreso el año pasado.

Y es por eso mismo que insisten en resolver únicamente el presupuesto básico de funcionamiento de los entes educativos, en asignar las deserciones a las falencias del modelo actual, en ignorar que son los docentes junto al personal administrativo, de limpieza y construcción -muchos de ellos ad-honorem o monotributistas- quienes sostienen el desarrollo de la vida universitaria y el prestigio académico de la educación superior argentina.

¿La universidad quedó obsoleta?

Achacarle a las universidades problemas estructurales que van más allá de su alcance es sencillamente hipócrita. Para nadie es un secreto el deterioro de los salarios y del nivel de vida de los argentinos. Para el 2015 el salario mínimo en Argentina era el más alto de la región y equivalía a unos 600 US aprox., mientras que a finales del 2019 ocupaba el 6 puesto y no llegaba a los 300 USD. A pesar de que el desempleo venía disminuyendo hasta el año pasado las formas de empleo que fueron creciendo son las que funcionan como prestación de servicios -modalidad conocida en Argentina como monotributo- registrando un aumento del 81%.

En muchos casos son trabajos con exigencias de un empleado contratado y sin la seguridad de un vínculo laboral. Entonces ¿Cómo se puede pretender que un estudiante disponga de la misma de su tiempo y de su capacidad mental para estudiar cómo lo hacía hace 10 años?

Ingresar y sobre todo graduarse parece cada día más difícil, y los números respaldan esta sensación. Sin embargo, es el deterioro de las condiciones laborales y el empobrecimiento generalizado lo que aumenta las dificultades de los estudiantes. Quince años atrás era posible encontrar un trabajo estable con horario regular y salario decente. El fenómeno general que experimenta Argentina desde el año 2017 es el del deterioro de las calidad de vida de los estudiantes-trabajadores y de las madres y padres trabajadores que podían garantizar las necesidades básicas a sus hijas e hijos estudiantes. En el desarrollo de la vida universitaria esto deviene en estudiantes agobiados por cargas económicas que cursan como pueden y que van sorteando la universidad como una carrera de obstáculos, sin poder detenerse a absorber lo que la universidad ofrece, a vincularse a la comunidad educativa o a desarrollar un ethos profesional, todos estos elementos vitales para transitar una carrera.

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Asociar el deterioro de la vida estudiantil a la estructura universitaria es el camino fácil, la conclusión obvia y plausible, pero como siempre hay que confrontar la percepción con realidades estructurales y causas materiales, no con un simple relacionamiento de circunstancias simultáneas. Un estudiante con facilidades materiales y acceso a comunidades culturales y académicas activas einclusivas son requisitos previos al desarrollo intelectual masivo de la población. Al deteriorarse el salario, agravarse las condiciones habitacionales y dificultarse el acceso a los circuitos culturales, el agobio es mayor y los recursos a mano para afrontar un proyecto de profesionalización son menos. Esta experiencia es material, física y psicológica.

El aislamiento, el costo de las actividades culturales y académicas, el peso de las distancias, las extenuantes jornadas de trabajo, el agotamiento y estrés que derivan de este son síntomas del mismo malestar económico estructural. Las viviendas sin ventilación, luz ni privacidad, sin espacios personales de introspección, sin aire ni calefacción, sin espacios exclusivos para la socialización y el ocio, junto -nuevamente- al agobio, el estrés y la depresión que genera el conjunto de esta situación, son en gran medida las causas de la percepción de imposibilidad.

Qué sociedad está en juego

Quizás el problema es que este debate pone en cuestión las raíces del dogma libertariano en auge: pensar las estructuras sociales como entes aislados, desconectados de un entramado social cuya existencia es válida en tanto generan rédito económico. Con una mirada rápida saltan a la vista los innumerables réditos sociales, económicos y de prestigio que la universidad pública ha brindado a todos los argentinos, asistan o no ellos mismos a la universidad. Profesionales que nutren la industria nacional a lo largo y ancho de todo el país, innovaciones farmacéuticas, desarrollo en energía nuclear, la reciente construcción de un gasoducto para garantizar la provisión energética en todo el territorio, 5 premios Nobel y la expansión sostenida del sistema universitario, llegando a tener por lo menos una universidad pública en cada provincia.

Hoy se intenta instalar que un paupérrimo y dudoso superávit del 0,2% (sustentado en deber un 62% de los fondos de las provincias y en la pérdida de unos 100 000 empleos) es un triunfo nacional, un avance para todos, sin importar quiénes o cuántos queden afuera del país que intentan construir.

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La universidad pública es quizás uno de los pocos lugares en los que la tan mentada meritocracia todavía mantiene alguna vigencia, en donde se reconoce que la genialidad y el talento humano no aparecen como una excepcionalidad, una excentricidad o una genialidad individual hollywodense, sino que se cultiva en un ambiente en el que la curiosidad y el natural intelecto pueden desenvolverse a partir del trabajo y el compromiso. La universidad pública es la apuesta por que toda persona habite estael territorio argentino tenga la oportunidad de desarrollar al máximo su potencial, de vincularlo a un desarrollo común y de ponerlo al servicio de algo más que el beneficio propio.

La universidad pública argentina podrá tener falencias, hay muchos reclamos que el movimiento estudiantil lleva sosteniendo por años, pero ninguna de estas podrá efectuarse si proceden a asfixiarla presupuestariamente, a desfinanciar su infraestructura y a someter el cuerpo docente a un atraso salarial que pone en peligro sus medios de vida y la posibilidad de ejercer su labor con dignidad.

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Ana María Rodríguez

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