Petro y Marquez ¿contra las cuerdas? Confrontacion mediatica y el reto de la reconfiguracion nacional

Esta nota es la segunda entrega sobre el primer año del primer gobierno popular de la historia de Colombia.

En una nota anterior, acentuamos un contraste fundamental en la política colombiana de los últimos quince meses, la diferencia entre el país mediático y la política territorial. Sin embargo, en el artículo anterior nos enfocamos exclusivamente en describir las características de los escenarios de participación multiplicados durante el gobierno vigente y la acogida popular. En esta ocasión analizaremos la otra cara, los desafíos: la configuración de los medios masivos de comunicación como bastión de lucha de la política tradicional, la centralidad del conflicto armado y la inercia de los funcionarios de antaño.

¡Empecemos!

En el primer año de gestión, la política del gobierno se ha destacado por el desempeño de la economía, con hitos como la creación de más de un millón de empleos (en su mayoría formales), el equilibrio fiscal, la revaluación de la moneda y el sustancial aumento de la inversión en salud, educación e infraestructura vial y de acopio para conectar los sectores excluidos de los circuitos comerciales.

Sin embargo, falta mucho para que Colombia logré erradicar la conflictividad interna y avance hacia un contrato social estable que asegure la consolidación de un estado de bienestar. Los dispositivos de lawfare*, que articulan a los medios de comunicación privados, propiedad de los mega-empresarios beneficiados por el modelo y sectores poderosos de la rama judicial, es un procedimiento que las oligarquías regionales han utilizado en toda la región para bombardear, debilitar y expulsar del Estado las iniciativas democráticas. La inercia de un Estado estructurado para ocultar la verdad, saquear la economía y aislar a las mayorías no se transforma en un año. Y el arraigo de la violencia dispersa y con múltiples actores no se reduce por efecto de la voluntad de cambio.

En el plano mediático, las críticas han sido tan absurdas como constantes. El principal vector para la gestión del enojo ha sido la “impuntualidad”. Desde las primeras semanas de gobierno, se empezó a enfatizar el disgusto de “los asistentes” a algunos eventos a los cuales el gobernante llegó tarde. Por supuesto que estas noticias nunca estuvieron balanceadas con relatos (y datos de los resultados) de los múltiples encuentros, viajes, reuniones de gabinete, espacios de negociación en los que participa a diario el Presidente.

Pero como una operación mediática no puede ser tan básica por un principio sencillo de credibilidad, recientemente le dieron tres giros de telenovela: Petro es alcohólico, Petro es drogadicto, Petro no cuenta con las capacidades mentales, y por eso llega siempre tarde. Esta ha sido la operación protagónica, pero por supuesto no la única: 1. tiene problemas de carácter por eso no dialoga con nadie, 2. dialoga con todos por lo cual es sospechoso, 3. No comunica sus avances, 4. abusa de twitter para comunicarse, 5. no gobierna sólo twittea, 6. incluye en su gabinete a los partidos tradicionales, así que debe ser más de lo mismo, 7. rompe acuerdo con partidos tradicionales porque no sabe negociar, 8. seguramente va a obstruir la justicia para defender a su hijo, 9. es un mal padre por no obstruir la justicia para defender a su hijo ¿cómo confiar en él si traiciona a su propio hijo? 10. Se le ve cansado, confrontativo y ausente, debe ser que está drogado.

Por otro lado, la inercia institucional es uno de los mayores límites del Gobierno. Cada uno de los proyectos requiere que múltiples agentes del Estado realicen variadas tareas orientadas a la consecución de los recursos y la implementación efectiva en cada una de sus etapas, no sólo en el área ejecutiva, sino en las ramas judiciales y legislativas. La evidencia más notoria de estos condicionamientos, son las negativas del Fiscal Barbosa (excompañero de Universidad y amigo del expresidente uribista Iván Duque), a brindar informes de las investigaciones realizadas a grupos al margen de la ley para avanzar con la negociación o sometimiento (según corresponda). Pero este problema incluye a cada funcionario de carrera ideologizado cuya intervención directa es requerida para que las cosas pasen.

Por último, la continuidad del conflicto es en realidad el factor más preocupante. Más allá de la negociación con el ELN y las disidencias de las FARC, la violencia armada es una criatura con múltiples cabezas en Colombia: los carteles narcotraficantes de Colombia, México y Venezuela, así como el reagrupamiento de grupos paramilitares y bandas criminales de alcance municipal se fortalecieron durante el Gobierno de Iván Duque, motivo por el cual el cese de hostilidades con el ELN y las disidencias no es suficiente. Las extorsiones, los secuestros, los atentados contra líderes sociales y candidatos locales simpatizantes del gobierno continúan siendo el pan de cada día. Adicionalmente, en los últimos meses circularon comunicados que incentivan a los sectores rurales a rearmarse para “proteger la propiedad privada”. Pero no es tan sólo un escándalo comunicacional. Las acciones de hostilidad contra las instituciones orientadas a gestionar la reforma agraria ya empezaron a acentuarse.

Por lo tanto, la violencia política armada continúa siendo el mayor límite para el desarrollo de la Paz Total y la dignificación de los pueblos de Colombia. La mayor incertidumbre a la que se enfrenta el Gobierno y el pueblo colombiano está asociada al tiempo que pueda tomar erradicar la violencia armada como práctica política y como forma de enriquecimiento.

A pesar de los límites encontrados, los logros legislativos, que empezaron con la aprobación de la reforma tributaria, primer puntapié para generar una transferencia de riquezas del poder concentrado a la población excluida, han tocado áreas diversas a pesar de las trampas y “jugaditas” de los partidos tradicionales. Estos avances abarcan desde la consolidación de marcos legales para la protección de los recursos naturales, pasando por la protección animal con la prohibición del uso de animales para la represión, hasta la transformación del horizonte político con el reconocimiento de los derechos del campesinado como sujeto político, la aprobación del Ministerio de la Igualdad y del Plan Nacional de Desarrollo.

Así mismo, en materia de reforma agraria, ya es el gobierno que más tierras fértiles a campesinos ha entregado en este siglo. El aparato para la implementación de la reforma agraria se robusteció, articulando diversos proyectos entre los cuales se encuentran los procesos de la Sociedad de Activos Especiales para entregar las tierras incautadas a mafiosos a las comunidades afectadas, el reconocimiento formal de las Zonas de Reservas Campesinas a las organizaciones peticionantes, la formalización de las zonas de reincorporación de los firmantes de paz desmovilizados para que puedan reconstruir su vida en torno a la economía campesina, y la compra de tierras improductivas para favorecer a las víctimas del conflicto.

En medio de los sabotajes internos, las acusaciones diarias, los sesgos y las noticias tendenciosas, el Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez avanza en todos los frentes (ejecutivo, legislativo y popular). Las propuestas de negociación para alcanzar la paz presentan avances mes a mes y la propuesta de distribución de las riquezas (de justicia económica) va tomando forma. Pero el alcance y la capacidad de renovación ante cada traspié se irá confirmando con el paso de los meses, mientras que los dispositivos de acoso y derribo continuarán activos durante todo ese proceso.

Juan David Avendaño Amaya